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Derecho Constitucional a la Alimentación ¿Y?

Por Omar Williams López Ovalle

A casi seis meses de que fuera elevado a rango constitucional el derecho a la alimentación en México, la pobreza alimentaria sigue creciendo y los recursos siguen siendo bastante muy limitados para una población que padece hambre.

El domingo pasado se celebró el Día Mundial de la Alimentación, pudimos leer varias noticias al respecto, desde la esfera oficial y en todos los niveles, fueron vertidos numerosos aspectos de este problema no resuelto, sin embargo, millones de mexicanos siguen teniendo hambre.

Desde un contexto más general, con todo y las reformas constitucionales que reconocen expresamente el derecho a la alimentación, en México se incumpliendo con el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales al no garantizar el derecho a la alimentación, no solo por la ineficiente distribución económica, sino por la inestabilidad de precios que alejan cada vez más la canasta alimentaria de la mayoría de los mexicanos.

Los compromisos asumidos por México internacionalmente hablan de la creación de un modelo que asegure, físicamente, el acceso a los mexicanos a una alimentación digna y suficiente que genere mejores condiciones de salud.  No se trata, desde luego, de alentar políticas populistas que regalen alimentos sino más bien, asegurar el acceso a la cadena de distribución alimenticia para que cada quien decida qué comer. alimentación, no solo por la ineficiente distribución económica, sino por la inestabilidad de precios que alejan cada vez más la canasta alimentaria de la mayoría de los mexicanos.

Las reformas aprobadas por el Senado en abril de este año, con 84 votos a favor, se establece que la alimentación es un derecho que debe ser exigible ante el Estado, para que éste asegure, como condiciones básicas e indispensables, que sea adecuada y que en su abastecimiento a la población haya sostenibilidad. enticia para que cada quien decida qué comer. alimentación, no solo por la ineficiente distribución económica, sino por la inestabilidad de precios que alejan cada vez más la canasta alimentaria de la mayoría de los mexicanos.

Una interpretación ordenada de esta reforma es que, el Estado será el responsable de elaborar y llevar a cabo políticas públicas encausadas a que el abasto de los alimentos considerados como básicos sean suficientes y de calidad mediante un desarrollo rural integral.

De esta forma, el Estado habrá de garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, nutritivos y de acuerdo a las tradiciones culturales, para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas.

Desafortunadamente la realidad rebasa con mucho a planes, programas, objetivos, y el hambre refuerza su imperio.  El Coneval habla del aumento de la pobreza en Aguascalientes, por ejemplo, y dice que del 2008 al 2010, los pobres aumentaron en 23 mil, al pasar de los 431 mil a 454 mil las personas que viven en la pobreza.

En el caso de la pobreza extrema, esta misma instancia que se encarga de evaluar el impacto de las políticas públicas, afirma que ésta disminuyó al pasar de 64 mil 600 personas a 42 mil 500 las que viven en situación de extrema pobreza.

El estudio maneja más indicadores, todos ellos desalentadores desafortunadamente, y pues ello nos obliga a reforzar las acciones tendientes a disminuir la desigualdad social y a pailar este fenómeno que lacera dignidades y mata a la gente.

Ahora recuerdo gratamente los esfuerzos que numerosas empresas realizan de forma silenciosa para donar alimentos a dispensarios, casas hogar, albergues, asilos y casas cuna, así como el esfuerzo de la iglesia católica por brindar diariamente a través de comedores populares, comida caliente a quienes así lo demandan.

Todos, desde nuestros ámbitos de competencia, podemos hacer algo para acabar con el hambre de nuestros hermanos.