El Gaviero

¿Justicia a la colombiana?

Por Omar Williams López Ovalle

¿Cómo un juez puede ser justo en sus decisiones judiciales cuando su vida está en peligro?

Así comienza un interesante artículo publicado en el diario El País que aborda un aspecto de la vida que llevan en Colombia los jueces a causa de realizar su trabajo de cara al crimen organizado.

La anterior pregunta, considero yo, es de la mayor trascendencia en estos momentos porque el grado de descomposición institucional que enfrenta el sistema de justicia en nuestro país es tal, que el Consejo de la Judicatura emitió el acuerdo general 23/2012 con el que puso en marcha un programa de protección a jueces y magistrados federales, a 98 para ser exactos, derivado de un entorno cada vez más adverso para los jueces que ha desencadenado ya en amenazas y el “levantón” de un juez la semana pasada.

Se ha dispuesto de una estrategia de protección a juzgadores que incluye la utilización de camionetas blindadas, la PRG tiene bajo su resguardo la seguridad de ocho jueces y en total, la justicia federal ahora mismo da protección a 98 ante amenazas de bandas de criminales por impartir justicia.

El tema de asegurar la integridad de los jueces y magistrados en México debe ser abordado con total seriedad y advertir que se avecinan tiempos muy difíciles, porque hasta ahora las bandas de criminales en México no habían lanzado una ofensiva como la que ahora estamos viendo, lo que nos indica que es preciso adoptar medidas urgentes y efectivas para velar por la seguridad de los operadores de justicia.

A propósito de este nuevo entorno, Colombia tiene muchos años enfrentando la embestida criminal de narcotraficantes quienes de acuerdo con el Fondo de Solidaridad con las Víctimas del Poder Judicial, Fasol, entre 1998 y 2008 se registraron en ese país 270 asesinatos y 38 desapariciones de fiscales, jueces, abogados, cuatro años después esta cifra sigue creciendo.

Además, 163 jueces están hoy refugiados en el exterior para escabullirse de la mira de los asesinos y en los últimos cuatro años, son 750 los que han sido amenazados en Colombia.

¿Cómo un juez puede ser justo cuando su vida corre peligro? ¿Hasta dónde llega el carácter, la ética, para no cambiar una decisión judicial sí la vida está en riesgo?

El reto es mayúsculo porque por un lado está el deber, la obligación y la convicción profesional de procurar justicia pero por el otro, está la condición humana de cada una de las juzgadoras y juzgadores quienes como todos, sentimos miedo cuando nuestras vidas o la de nuestros seres queridos están en juego.

Este tema tiene muchas vertientes todas ellas merecen ser analizadas pero quisiera evocar una de ellas que va muy de la mano con la seguridad de la integridad de los jueces. Me refiero al infierno que se tornan sus vidas al tener que adoptar medidas de seguridad.

Aquí, parte de un relato publicado en el diario El País en el contexto colombiano: “Durante 14 años he trabajado en ese municipio. Yo creo que soy de los jueces de todo el país que más ha durado en una zona de conflicto. Y siempre he ejercido mi oficio bajo amenazas de muerte”, dice el Juez Municipal mientras se empuja otro sorbo de gaseosa. Enseguida agrega:

“Yo vivo a tres cuadras de mi oficina. Ese es mi radio de acción. No me puedo mover con plena libertad. Además, nadie conoce mi celular personal. Y no contesto teléfonos fijos. Acercarse a mí, en el municipio, es difícil. La gente tampoco conoce dónde vivo. Tengo poco contacto social. Y cuando he tenido escoltas, han sido de mi entera confianza, gente que conozco. Ahora, los horarios. Al principio debía viajar a Cali los martes. Después cambié, los viajes los hacía los miércoles. Ahora viajo cada jueves. Son las barreras que he puesto para seguir con vida”.

- ¿Y no ha pensado en cambiar de oficio?

“Por supuesto: he participado en infinidad de concursos para acceder a otros empleos menos azarosos. Pero no son atractivos en lo económico. Sin embargo, ser juez municipal no es un oficio bien pago en Colombia, para el riesgo y la responsabilidad que se tiene. Yo, al mes, me gano $ 4 millones. Por eso creo que este oficio debe tener una mejor remuneración. Es la única manera de, por lo menos, poder pagar un escolta de confianza”.

Antes de partir dice: “Nosotros, los jueces, no importa el nivel, estamos desprotegidos. La juez que fue asesinada en Saravena, Arauca, tenía un grado más alto que yo. Pero lo que yo hago también es motivo para sufrir un atentado. Por eso le digo que en cualquier parte del país esta labor es riesgosa. Porque nadie quiere perder la libertad; ni perder una propiedad. Nadie quiere perder ni reconocer los derechos de las personas”.