viernes, 18 de enero de 2013


El Gaviero



Código Penal Único





Por Omar Williams López Ovalle




Sin duda, contar con un código penal único para el país, hoy propuesta presidencial, es de enorme complejidad, como los contrastes que integran a este mosaico poli cultural llamado México.

Uno de los principales promotores es el jurista Ricardo Franco Guzmán, en su cátedra de “Teoría del Delito”, expone que en México existen igual número de códigos penales como estados de la república, además, un solo Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal y también un Código de Justicia Militar, de aplicación federal; en total 33 códigos penales. Posteriormente al entrar el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en vigor el 12 de noviembre de 2002, se sumó a los códigos penales existentes dando un total de 34 códigos.

Algunas discrepancias existentes entre los ordenamientos punitivos, que han contribuido a dificultar no sólo la procuración de justicia, sino también la impartición de ésta, así como el ejercicio profesional de los penalistas en México, por lo que el maestro urgía a la necesidad de elaborar un solo Código Penal para toda la República que aplicarían, tanto los tribunales federales como los locales, dependiendo de cada delito.

Algunas contraposiciones que han propiciado dicha diversidad es que en ciertas entidades los aspectos negativos de los elementos del delito se regulan incorrectamente o bien no se regulan; la misma conducta delictiva en algunos Estados es delito y en otros no; la penalidad cambia en unos Estados respecto a un mismo delito. Éstas y otras discrepancias hacen entrever la necesidad de erradicarlas por medio de la unificación penal, mediante un Código Penal Único para México

Para muchos especialistas en leyes, ninguna buena razón existe para justificar la pluralidad de leyes penales en nuestro país, los treinta y cuatro códigos penales en vigor, en lugar de servir, obstaculizan la represión de la delincuencia, favorecen la impunidad de los delitos y provocan conflictos entre las instituciones penales.

Los opositores al código penal único argumentan que cada entidad federativa tiene el derecho de legislar en materia penal, para moldear sus leyes de acuerdo a su propia cultura.

Es evidente que la sociedad mexicana no es un conjunto heterogéneo de culturas que justifiquen la pluralidad de normas penales. Los que se oponen a esta idea deben dirigir
la mirada hacia Suiza, país en donde sí existe pluralidad de culturas, lenguas, usos y costumbres y, no obstante, tienen un solo código penal.

Otro argumento que presentan los opositores consiste en que al reservarse la federación la facultad de legislar en materia penal, se violaría la soberanía de los Estados, lo que provocaría el quebranto del pacto federal. Hay que voltear la vista hacia algunas naciones de América, como Argentina, Brasil y Venezuela, que son estados federales como México y tienen un Código Penal.

Todas las naciones en el Continente Americano tienen un solo Código Penal, a excepción de México y Estados Unidos. Y sí dirigimos la vista hacia Europa, comprobamos que en la totalidad de los países rige un solo Código Penal, para cada nación. La delincuencia, hoy más que nunca, ha aumentado en el país de forma alarmante, víctimas de ella, han sido artistas, empresarios, intelectuales, políticos y población en general, lo que ha ocasionando la constante amenaza y perturbación del orden social.

Se ha tratado de combatir tan grave problema, mediante diversas reformas a la legislación penal; a pesar de ello nuestro sistema penal, no ha sido eficaz ni eficiente para erradicar las conductas antisociales, entre otras razones, por la existencia de diversos ordenamientos punitivos.

Recientemente el presidente de México, Enrique Peña Nieto propuso la promulgación de un código penal único en todo el país, lo que representa un enorme reto, muy complejo, pero muy necesario ante las profundas divergencias a la hora de impartir castigo.

El reto ya está convertido en propuesta y corresponderá a los operadores jurídicos del país contribuir con propuestas que enriquezca este gran reto y el debate vendría a enriquecer esta amplia y delicada tarea de construir un solo código en México.

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